Detective de oficio/ Tutela jurídica efectiva

Detective de oficio/ Tutela jurídica efectiva 150 150 Elisenda Villena

Según el artículo 119 de la Constitución «la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar». Constituye, pues, un principio constitucional, estrechamente vinculado con el principio de igualdad y el derecho a la tutela efectiva, el que la escasez de medios económicos no puede impedir el acceso a la justicia. Por eso, el artículo 20.2 LOPJ dispone que «se regulará por ley un sistema de justicia gratuita que dé efectividad al derecho declarado en los artículos 24 y 119 de la Constitución, en los casos de insuficiencia de recursos para litigar». Esta Ley es la de Asistencia Jurídica Gratuita, que,en su artículo 1, dice será de aplicación general en todo tipo de procesos judiciales.

Si el principio de igualdad ante la justicia garantiza la asistencia de un letrado en caso de no tener medios para sufragarlo, parece lógico garantizar también el acceso a la prueba, que constituye un elemento básico del proceso judicial. De hecho el derecho a justicia gratuita incluye «e) Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales o, en su defecto a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos depedientes de las Administraciones Públicas». Sólo excepcionalmente podrá recurrirse a peritos privados.
Cualquiera que haya asistido a un Juicio habrá podido darse cuenta de que PROBAR aquello que se afirma, resulta imprescindible tanto si eres demandado como si eres demandante.
Los detractores del Detective de Oficio, -normalmente detractores también de la seguridad privada y acérrimos defensores de lo público-, argumentan que para investigar está la policía judicial (y punto e). Lo cierto es que no siendo la investigación un ciencia exacta, el enfoque depende siempre de quien la dirige, lo que pone en duda la ecuanimidad de la investigación judicial, que suele ir dirigida a encontrar pruebas incriminatorias que avalen la teoría del fiscal (público), (un ente público dirige investigadores públicos para acusar a un privado que no puede aportar sus propias pruebas que lidien en su defensa).
Si el ámbito Penal puede dar lugar a diferencia de criterios, el ámbito civil no deja lugar a dudas en cuanto al agravio que supone contar o no con un Detective.
Ejemplo cotidiano: una mujer recibe la notificación de cambio de efecto de sentencia, pues el padre de sus hijos, menores de edad ha solicitado una rebaja en la pensión de alimentos por disminución de ingresos. La mujer se opone, sabe que el hombre ha ocultado ingresos pero que gana y gasta el dinero como antes.
Solo si la mujer contrata un DETECTIVE que pruebe el engaño, los menores, podrán percibir la pensión que justicia dictaminó en su día, de lo contrario se la rebajaran.
Pero….. y si no tiene recursos económicos?
La única razón que no exista el Detective de Oficio es que Justicia no tiene presupuesto para sufragarlo. Pero la tendencia es que el administrado que obtiene una sentencia favorable gracias a una prueba de parte obtenida por un Detective, solicite el abono de la factura del Detective en costas, sistema que elude a la administración del pago.

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